Ante la catastrófica situación de inseguridad que sufre el grueso de la sociedad mexicana, es pertinente realizar un análisis perspectivo sobre las elecciones federales que dentro de 323 días marcarán el destino político de las grandes fuerzas partidistas e ideológicas del país. Si bien el domingo seis de julio de 2009 los mexicanos renovaremos con nuestro voto a la totalidad de los integrantes de la cámara de diputados -aquella histórica LX legislatura de Gamboa, Zavaleta, Larios y compañía-, al tiempo que en algunas entidades federativas se elegirán nuevos congresos locales, ayuntamientos y gubernaturas, es imperativo destacar la trascendencia de este hecho no sólo como un plazo electoral, sino como un puntal en el andamiaje del México democrático que se erige desde las ruinas azules de la ilegitimidad, la impunidad y el engaño.
El permanente clima de violencia que aqueja la vida política, económica y social del país es un síntoma de una falla estructural en el sistema político mexicano. Además, orilla a la opinión pública a expresar una alarma generalizada de descontento y hartazgo, a la vez que evidencia un clamor social apoyado en la coyuntura actual de los casos mediáticos de secuestro.
Desde hace ya varios meses, la prensa y la clase política han manejado la hipótesis del gran regreso de la marea roja -aunque la mente de Beatriz Paredes ya maquine la intención de cambiar la semiótica del nuevo PRI con miras al año próximo y utilizar el color verde en lugar del exitoso pero suspicaz rojo-, lo que supondría un arrollador reposicionamiento del otrora partidazo, en detrimento de un fracturado y ensimismado PRD, así como del evidente desplome del incapaz Acción Nacional, que desesperado, se encuentra ya en contubernio estratégico en aras de obtener una mayoría parlamentaria que le dé un mayor margen de gobernabilidad a la segunda mitad del sexenio de Calderón.
Esta crisis de violencia se añade al principal problema -así lo citan los voceros de la autoridad- que enfrenta el actual gobierno: el narcotráfico. Esa batalla que según las instancias de gobernación, seguridad y procuración de justicia federales, se va ganando pero no se sabe cómo. Así entonces, en un escenario de fracaso, es necesario buscar y encontrar actores responsables para castigarlos. Sería de esperar que el electorado castigara al partido en el poder, que no ha mostrado sino una tremenda inmadurez de Estado y una repetitiva improvisación en la gestión pública. Sería también de esperar que los electores capitalinos responsabilicen al partido que los gobierna desde hace ya once años y lo castiguen por la corrupción de sus cuerpos policiacos y la complicidad ante la inseguridad y el delito. Sería de esperar entonces que ante la gravedad de la responsabilidad por la que azules y amarillos serán castigados, el sufragio se trasladara en favor del proyecto del tricolor.
Ahora bien, es necesario reflexionar acerca de esta posibilidad que cada día se nos pinta como la más natural e inevitable. ¿No sería de esperar que los electores, la ciudadanía y la sociedad en su conjunto advirtamos que el priísmo es corresponsable de la desomposición social que nos tiene sumidos en este terror cotidiano? ¿No es un hecho que el negocio del narco y el secuestro -en ocasiones ligados- surgieron a partir del cobijo de las autoridades y liderazgos emanados del viejo partido de Estado? Sería de esperar que los mexicanos recordemos que el Revolucionario Institucional gobierna 18 estados, así somo 37% de los 2 mil 457 municipios del país, y tiene el 38% de los mil 138 diputados locales. Sería de esperar que México recuerde que el problema no es de incapaces panistas, revoltosos perredistas o gángsters priístas.
El problema es el fallido modelo de Estado con que contamos. Sería de esperar que más allá de la intención de voto medida por las prematuras encuestas, el análisis decayera en una discusión verdadera sobre el devenir inmediato de las instituciones que conforman a un México en ruinas.
