Este texto lo escribí en otro teclado, no en el actual. Fue para Teoría de la Democracia cuando estaba en el ITESO. Después lo retomé el año pasado -en mayo de 2007- ya de vuelta de en el Tec para mi clase de Escenario Regional de América Latina.
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Los funcionarios públicos de los niveles municipal, estatal y federal del Poder Ejecutivo; los legisladores de los congresos locales y el Congreso de la Unión; y en muchas ocasiones los integrantes de las distintas instancias del Poder Judicial, anteponen sus compromisos personales y partidistas a los intereses generales de la sociedad y la nación. Este padecimiento de la incipiente democracia en nuestro país, frena su desarrollo y vislumbra un estancamiento en la construcción y consolidación democrática.
El rompimiento general de la ciudadanía contra el régimen priísta a partir del final de la década de los noventas, sentó las bases para reubicar a la sociedad civil y al gobierno en un esfuerzo democrático integral manifiesto en elecciones, participación ciudadana, transparencia, un nuevo arreglo institucional y una distinta forma de legislar y hacer política.
Sin embargo, en esta carrera rumbo al cambio democrático, el gobierno está en deuda con nosotros, la gente, quienes nos hallamos a la espera de una verdadera transformación de actitud por parte de quienes nos gobiernan.
La percepción general sobre los gobernantes es mala. La reputación con la que cuentan los servidores públicos, los legisladores, los jueces, y las policías es ampliamente negativa. La injerencia de los medios de comunicación, el juego de intereses privados dentro del ámbito publico y viceversa, el permanente clima electorero en el que el país está sumido, los conflictos partidistas, la permanente descalificación pública, la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, la irrupción del narco en la política, la imposibilidad de acuerdos que faciliten reformas estructurales que beneficien a la gente, y el servilismo mexicano hacia los EEUU, no hace más que perjudicar la idea colectiva de la población acerca de su propio gobierno.
Legisladores locales y federales, quienes reciben un sueldo pagado por los impuestos de los mexicanos, se dedican sistemáticamente a bloquear reformas que pudieran significar un progreso y una mejora a los intereses de la nación y al bien común de su población. Existe un cuidado sistemático en la manera de legislar debido a que muchas discusiones y votaciones conllevan un alto costo político-electoral. El apoyo o rechazo a las diversas iniciativas de ley, depende en su gran mayoría de las decisiones de las dirigencias y cúpulas partidistas.
La votación en bloque ocurre porque así lo permiten los reglamentos de nuestro congreso y nuestros partidos políticos, pero existen temas cuya discusión en cámaras va mas allá de un pleito entre facciones o partidos. Abundan asuntos cuyo debate y posible reforma afectarían los intereses estratégicos de determinados grupos políticos o económicos, y aunque contravengan el interés general, se prioriza el resguardo de estos enormes beneficios por encima del bien común y el progreso de quienes realmente lo requieren.
El sonado caso del desafuero del ex candidato a la presidencia de la república y anteriormente jefe de gobierno de la Ciudad de México, el perredista Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005, es un craso ejemplo de esta práctica legislativa. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión votó con una proporción de tres a uno a favor de levantarle la inmunidad constitucional contra cargos criminales al entonces puntero en las encuestas de preferencia de voto para la elección presidencial que se celebraría quince meses después. Aunque algunos diputados de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional discordaban con el proceso de desafuero, las cúpulas y los coordinadores parlamentarios de los grandes partidos en la cámara baja (en ese momento encabezados por José González Morfín y Emilio Chuayffet, respectivamente) dictaron línea en el asunto, para promover una votación que fuese uniforme a favor del desafuero. Así, López Obrador fue víctima de elucubraciones legaloides, maquinadas por las élites de estos institutos políticos.
En comparación con este ominoso incidente político, es un hecho que dentro del marco jurídico de México, los procesos democratizadores están ocurriendo de manera expresa. El Instituto Federal de Acceso a la Información, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el COFIPE, los tribunales estatales electorales, las comisiones de derechos humanos, entre otras, son ejemplos de instituciones que deben impulsar con un mayor compromiso el desarrollo de la democracia en nuestro país. El problema radica en los individuos que detentan los puestos de ejecución y administración en estos organismos públicos, quienes parecen no respetar el impulso de este gran cambio.
La población percibe una burla institucional por parte de los políticos, y ello se ve reflejado en la apatía por los asuntos públicos y la abstención electoral. Es triste que nosotros como ciudadanía, estemos acostumbrados a este altísimo grado de corrupción e impunidad, lo aceptemos y lo veamos como un asunto cotidiano que difícilmente podremos castigar.
Una de las vías para lograr la consolidación democrática en nuestro país radica en el cambio de actitud de los políticos en su desempeño. La honestidad, rectitud, humildad, responsabilidad, rendición de cuentas, profesionalismo, y el amor y compromiso por su ciudad, su municipio, su región, su estado y su país, son valores que deben imperar en cualquier gobernante. Finalmente ése es su trabajo.
Este cambio que todos esperamos requiere que la clase política deje de lado sus intereses personales y comience realmente a preocuparse por las necesidades de la gente, de la población general, del mexicano promedio. Ahí radica gran parte de la urgente modificación de nuestra idiosincrasia y de nuestro modo de actuar en política. No dejemos que la democracia quede sólo como una idea o modelo para el desarrollo de nuestra realidad. Llevemos nuestra lucha diaria a las conciencias de quienes nos rodean, hablando, discutiendo y diversificando nuestros puntos de vista. Es un buen comienzo.
Hoy, alrededor de las 9 de la mañana escuché a Patricia Mercado en entrevista con Javier Solórzano en Radio Trece, 1290 AM. Increpaba a Alberto Begné y el "cochinero absoluto" que el Partido Alternativa había padecido en su más reciente asamblea. Si bien estaba al tanto que en la batalla por su reelección como dirigente nacional del partido, Begné -expriísta y activo importante de la actual Red Beltrones- recibía apoyo de gente del Revolucionario Institucional y los Chuchos de Nueva Izquierda, me sorprendió cuando le escuché decir a la ex candidata presidencial que el motivo del secuestro al partido radicaba en hacer una reforma estatutaria, meter mano en la fracción parlamentaria y hasta cambiarle de nombre a aquél instituto. ¿Con qué intencion? Fue al contestar esta pregunta cuando de plano hasta el conductor del noticiario preguntó si había escuchado bien. Dice Mercado que Alberto Begné pretende llevar al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC) a una "Gran Alianza Progresista contra la Derecha" entre el PRI de Manlio Fabio y el PRD de Jesús Ortega. Atento, escuchaba la conversación mientras conducía por Calzada de Tlalpan y me vinieron a la mente las siguientes ideas:
¿Apoya el PRI a Nueva Izquierda?
La posible candidatura de Patricia Mercado en el 2012, ¿representaría una opción verdadera para el electorado? 
